Documento Basico

 DESDE EL  SINDICALISMO, POR UNA SALIDA DEMOCRATICA A LA CRISIS

 Diagnóstico:

  1. Nuestro país continúa inmerso en la crisis global del sistema capitalista: la actual situación económica se caracteriza por una gran recesión internacional que mantiene en estado de inestabilidad e incertidumbre al mercado norteamericano, que generó importantes estragos políticos y sociales en Grecia y otras naciones de Europa  y que  representa, en realidad,  el encadenamiento de varias  crisis en ámbitos como el financiero, el económico, el político, el social, el energético el medioambiental y el cultural.
  2. En el caso de México, el  pobre crecimiento que se espera para el presente año será uno de  los más bajos de América Latina por lo que  resultará  insuficiente para compensar los estragos de la debacle del 2008, de treinta años de políticas recesivas de libre mercado y de ochenta años de control corporativo sobre la clase obrera. De hecho el estancamiento productivo que ya arrastraba el país  por  causas estructurales se ha agudizado en el contexto de  la actual crisis.  En el 2009, por ejemplo, se produjo una reducción del 6.5% en el PIB, resultado que representa el peor desempeño en América Latina y que supera notablemente a la contracción económica mundial, que fue de 2.1%. De allí que resulte totalmente injustificado el triunfalismo gubernamental ante el repunte experimentado en el primer trimestre de 2010, ya que la mayor parte de los analistas esperan una desaceleración económica para la segunda mitad del presente año debido a la notoria dependencia de nuestra economía respecto del mercado estadounidense.
  3. El estancamiento crónico del campo, la caída de los precios internacionales del petróleo y el agotamiento de los yacimientos petroleros comprometen aún más, por otro lado, la ya de por sí deteriorada soberanía alimentaria y energética del país. La participación del trabajo en la distribución del PIB continúa a la baja como consecuencia de la crisis global, del fracaso de las medidas anti cíclicas promovidas por el ejecutivo federal y de la aplicación de diversos esquemas de flexibilidad laboral forzada, asociadas casi siempre a los contratos de protección laboral.
  4. La parálisis de la mayor parte de los sectores productivos y la pérdida de puestos de trabajo se traduce a su vez en exclusión social y en un incremento notable de la desigualdad y la pobreza. Los 7.5 millones de jóvenes mexicanos que no estudian ni trabajan se suman a los tres millones de trabajadores desocupados según cifras del INEGI, a los 5 millones de mexicanos que padecen de pobreza alimentaria extrema, lo que se manifiesta, por cierto, con más crudeza en el caso de las mujeres y a todos los que sobreviven dentro de la llamada economía informal, lo que da cuenta del fracaso de una estrategia económica que mantiene deprimido al mercado interno y que hace depender a la economía del sector exportador y del recurso petrolero.

 

  1. La crisis económica repercute a su vez en una severa  crisis política: cuando en el 2000 se produjo el arribo del PAN a la Primera Magistratura, se generó en muchos, una gran expectación acerca de las posibilidades que ello tendría para efecto de la transformación y actualización del conjunto de instituciones del Estado. Diez años después, el balance resulta desalentador: los gobiernos surgidos de la alternancia se apoyaron en las mismas estructuras corporativas y prácticas autoritarias de sus antecesores, sobre todo en materia de Libertad Sindical y Autonomía. Lamentablemente todos los partidos políticos reprodujeron esta misma tendencia cuando alcanzaron espacios de poder por lo que, procedimientos como el clientelismo, el manejo electoral de los distintos programas de gobierno y el incremento desmesurado de la nómina del gobierno para beneficio de los aliados del régimen en turno se convirtieron práctica habitual de todas las fuerzas políticas sin excepción.
  2. La Reforma del Estado se ha convertido en la eterna asignatura pendiente, de la que todos hablan en los seminarios académicos y en los eventos partidarios, pero por la  que nadie hace realmente algo significativo. Los avances en este terreno  se han limitado a ciertos retoques a la legislación electoral mientras que, abandonando proyectos y programas de trabajo con propuestas viables, la mayoría de los partidos representados en las Cámaras parecen más encaminadas a confeccionarse un traje a la medida en función de su posición política electoral antes que a construir un régimen político distinto cuya base sea la democracia participativa.
  3. La creciente disfunción entre las instituciones políticas provenientes de la época del partido casi único y la situación de un país que se había transformado aún antes de la alternancia, aunada a la tendencia de los dos últimos gobiernos de aferrase al poder a toda costa, generó vacíos de gobernabilidad que fueron llenados por sectores que antaño funcionaron como soporte de los gobiernos, pero que, ante la debilidad creciente y las limitaciones políticas del Poder Ejecutivo Federal, terminaron por constituirse, de facto, en poderes autónomos al margen de la institucionalidad democrática.
  4. De este modo las televisoras, los círculos empresariales, los bloques de gobernadores, el capital trasnacional, las cúpulas del corporativismo sindical e incluso el narcotráfico, se convirtieron en poderes de facto cuya influencia y poder de veto se ha dejado sentir en la mayoría de los comicios locales y federales del nuevo siglo. Ellos fueron determinantes en el desarrollo de la controvertida elección presidencial del 2006, de cuya crisis política posterior surgió un gobierno sin credibilidad y con un fuerte déficit de legitimidad, circunstancia que intentó resarcir a través de políticas facciosas para favorecer a sus aliados empresariales más cercanos y de la estrategia de combate frontal al narcotráfico.
  5. De las políticas facciosas en ámbitos tan diversos como las telecomunicaciones, el sector energético, las agroindustrias e incluso los servicios subrogados de seguridad social, lo que destaca es el afán por favorecer a los empresarios afines mediante licitaciones amañadas, desaseo en los procedimientos de supervisión y regulación e incluso exenciones fiscales diversas. Todo ello con la intención de abrir nuevas oportunidades de negocio para los amigos y aliados, con la mínima inversión y sin importar la posible afectación del erario público, los trabajadores(as) de estos sectores y los usuarios de dichos servicios, lo que siempre será posible encubrir para garantizar la debida impunidad en favor de los empresarios y funcionarios involucrados, (como ejemplos de lo anterior podemos mencionar los casos del siniestro de la guardería ABC, del homicidio industrial de Pasta de Conchos y de la quiebra fraudulenta de Mexicana).

10.  La generalización de la violencia se ha convertido en un problema que, literalmente se  salió de las manos del actual gobierno. Según cifras oficiales, alrededor de 28,000 personas han sido ejecutadas en diversos episodios relacionados con este flagelo. Delitos como el secuestro, la violencia sexual o la extorsión se han incrementado dramáticamente mientras que, con el asesinato del candidato a gobernador por el PRI en Tamaulipas, el narcotráfico acreditó su capacidad para incidir en los gobierno locales y en los procesos electorales mediante el chantaje, la compra de voluntades, el amedrentamiento, el control de regiones enteras, o de plano, como en este caso, a través del asesinato con tintes políticos.

11.  Frente a la espiral de violencia, la estrategia gubernamental de combate frontal ha resultado totalmente ineficaz y se ha traducido en el despliegue de una amplia presencia del ejército en regiones enteras del país, lo que ha traído consigo la multiplicación de denuncias acerca de las violaciones de las garantías constitucionales de diversos ciudadanos. En ciertos casos esta situación ha llegado hasta un punto crítico cuando personas inocentes han perdido la vida tanto en los enfrentamientos del ejército con los delincuentes como en otro tipo de operativos como los retenes de inspección. La renuencia del gobierno ante la exigencia de que se juzgue a los militares implicados en los tribunales civiles se ha convertido en un foco de tensión con las organizaciones civiles, nacionales e internacionales, que se encargan de la defensa de los derechos humanos.

12.   Ante el fracaso de la estrategia militar para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, queda de manifiesto la incompetencia del gobierno para cumplir con la más elemental de sus funciones: brindar seguridad a las y los ciudadanos. A cambio, recurre a la coartada de los llamados a la Unidad Nacional, que no son más que proclamas demagógicas en torno a presuntos proyectos de Estado, mediante la simulación de un diálogo que excluye en realidad a los ciudadanos y a sus organizaciones más representativas, todo con tal de mantener sin mayores cambios, la misma estrategia fallida y de preservar al  régimen político autoritario.

13.   La inseguridad, es una de las  consecuencias más graves de la crisis económica y del desempleo en el campo y la ciudad, que orilla a miles de personas a emigrar de sus lugares de origen con todos los peligros que esto supone en términos de marginación, pobreza o del potencial reclutamiento para actividades delictivas. Es también resultado de la corrupción e impunidad que permea las estructuras de poder existentes, dejando a los ciudadanos en un estado de indefensión. La seguridad humana consiste en garantizar al pueblo derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, es por lo tanto un asunto de desarrollo social. La violencia no se combate con estrategias militares, sino con una política económica y social encaminada a la creación de una sociedad equitativa, justa y solidaria.

14.  La política de agresiones en contra de los sindicatos independientes y democráticos, es la manera en que se expresa, dentro del medio laboral, la protección a ultranza de los empresarios aliados al gobierno. Esta política marcó el final del sexenio de Fox y es una de las características más sobresalientes del actual régimen. De hecho, entre el último trimestre del 2009 y lo que va del 2010, se produjo un recrudecimiento de la misma cuando se decretó la extinción de LFC, se llevó a cabo el desalojo violento de la mina de Cananea y se ocasionó la quiebra fraudulenta en Mexicana de Aviación, lo que se combinó con la negativa reiterada y permanente a reconocer el derecho a la libre asociación sindical. Tal parece que donde hay negocio en puerta los contratos colectivos y los sindicatos salen sobrando, no importa si para ello se tuerce la ley o se pasa por encima de los derechos laborales con recursos tan cuestionables como los decretos para eliminar fuentes de trabajo, las declaraciones que dan por concluidas las relaciones laborales, los conflictos colectivos de naturaleza económica o las quiebras maquinadas de empresas.

15.  El paquete de contrarreformas -energética, laboral y de la seguridad social-, que el gobierno panista ha promovido bajo el disfraz de impulso a la competitividad y la productividad, pretende fomentar, por otra parte, la creciente participación de la iniciativa privada en diversos sectores estratégicos de la economía por la vía de contratos de servicios y de las  licitaciones a modo, como las del espacio radioeléctrico, lo que se pretende facilitar por medio de la disminución de los costos laborales y de la eliminación de los derechos y prestaciones de los trabajadores. Al final de cuentas el principal objetivo de todo este proceso es la obtención de una mayor tasa de ganancia para beneficio del gran capital y sus empresas.

16.  La intromisión de los empresarios y el gobierno en la vida interna de los sindicatos para dividirlos o inmovilizarlos, es el otro rasgo distintivo de la política de agresiones en contra de los sindicatos independientes; numerosos gremios han sido víctimas de este tipo de prácticas, con las que se pretendió golpear a la propia UNT; en este sentido es preciso denunciar que la separación del SNTSS fue inspirada y planeada por el Titular de la STPS, como represalia por la posición crítica de nuestra Central Sindical ante su proyecto de Reforma Laboral neoliberal.

17.  Un elemento adicional que de seguro influenciará nuestras acciones en los próximos 2 años está determinado por los sucesivos reacomodos previos a la elección presidencial del 2012. La ruptura por parte del gobierno de la cohabitación con el PRI y la posterior integración de coaliciones electorales con el PRD para enfrentar los comicios locales del 2010 y el 2011, ciertamente tienen el efecto de dificultar el posible retorno del Tricolor a los Pinos, pero este esquema de alianzas definido por el afán de sobrevivencia y el pragmatismo, genera serias dudas por su carencia de plataformas sólidas de gobierno y porque aún no está claro si se mantendrá vigente para el proceso electoral federal del 2012. Por lo pronto la nueva amalgama entre perredistas y panistas terminó por doblar las manos ante los primeros embates parlamentarios del PRI y sus aliados del Verde- Ecologista, permitiendo que el Revolucionario Institucional se apropiara de las principales posiciones en la conducción de la Cámara, lo que anticipa una circunstancia muy complicada de cara a la definición del presupuesto del sector público.

18.  En este orden de ideas el problema más inmediato consistirá en preservar nuestra cohesión interna y nuestro perfil programático a fin de contrarrestar las inevitables tendencias centrífugas que dichos reacomodos pueden tener para la UNT.  Quizás el mayor peligro estará determinado por el ambiente de polarización que desde hoy envuelve a los comicios del 2012; no pocos analistas han señalado que la vida útil del actual gobierno ya concluyó, así explican el que el Presidente se ocupe principalmente de dirigir las futuras campañas electorales de su partido, en una actitud que ha sido severamente cuestionada, incluso por algunos de los empresarios más cercanos al régimen que acusan al actual mandatario de aferrase insensatamente al poder. Lo que muestra claramente hasta que punto será difícil el trayecto que falta para que concluya la actual administración, además del riesgo latente de una crisis política similar a la del 2006 si no se asumen medidas de distensión que, para comenzar, resuelvan los conflictos acumulados, propicien el acuerdo social y garanticen un desarrollo pacífico y bajo condiciones de legalidad y legitimidad de los próximos procesos electorales. 

19.  En México hay una sensación de frustración e incertidumbre. Es evidente que la carencia de autoridad, la corrupción, la impunidad y la irrupción de los poderes fácticos atentan contra la gobernabilidad y la democracia, con la consecuente pérdida de la paz social. Hoy está más claro que nunca el que la crisis política y económica en curso no podrá resolverse con la exclusión de la sociedad y la clase trabajadora. De mantenerse el curso autoritario y faccioso del actual gobierno caracterizado por el menosprecio ante las demandas y necesidades de la sociedad, así como el vacío generado desde la misma cúpula de la estructura de poder, es muy probable que se genere un grave conflicto social cuya eventual confluencia con el conflicto político electoral en gestación nos coloca literalmente ante el peor de los escenarios posibles.

20.  En este entorno en el que el corporativismo de Estado y el contratismo de protección, se mantienen vigentes y permiten de hecho la transformación unilateral de los sistemas de trabajo con la consecuente flexibilidad forzosa, la proliferación de los sistemas de subcontratación y toda clase de facilidades para la discriminación y el despido del personal, mecanismos que por cierto, pretende legalizar el proyecto gubernamental de Reforma Laboral; en el que se ha desmantelado progresivamente el sistema de seguridad social para ser substituido por programas y políticas asistencialistas y en el que, en síntesis, la participación del Estado en la economía así como sus responsabilidades sociales se han reducido a su mínima expresión bajo la falsa premisa de que el mercado se regula a sí mismo, es que el reto que enfrenta el proyecto de sindicalismo democrático que representa la UNT asume su verdadera dimensión.

21.  La concentración económica nacional también se refleja en el control de los medios de comunicación. El caso más evidente y de mayores consecuencias, por su alcance territorial, es la televisión, tanto de señal abierta como de cable. Pero también la radio y la prensa, en las que igualmente dominan compañías como Televisa, han mediatizado el derecho a la información y la libertad de expresión. Las denuncias que las organizaciones sindicales se ven obligadas a hacer ante las televisoras para abrir los canales de difusión masiva son ejemplo de que las empresas mediáticas están cerradas a la información alternativa de los movimientos colectivos y populares. Reporteros y redactores, que son quienes cotidianamente hacen la prensa y los noticieros de televisión, radio e Internet, son trabajadores que en la práctica tienen eliminados sus derechos económicos, laborales y gremiales, así como el derecho a la libertad de organización sindical,  de expresión y de información. Los comentaristas que hablan de los problemas nacionales están en armonía con la agenda diseñada por el poder político y los poderes de facto, lejos de los intereses populares. México es el país con la mayor cantidad de periodistas asesinados en América: al menos 58 comunicadores fueron ultimados en la última década, de 2000 a 2010; esta es una expresión extrema de la indefensión de los trabajadores de los medios, que no sólo carecen de agrupaciones que garanticen un trabajo digno y con prestaciones, sino también de mecanismos que les permitan realizar su trabajo con seguridad. Un informe del INEGI publicado en octubre pasado revela que una tercera parte de los trabajadores de los medios son contratados por el sistema de outsourcing, aplastando todavía más cualquier oportunidad de mejorar las condiciones de trabajo en el sector de la comunicación de masas. Esto se ha sumado a la práctica del llamado free lance. Con trabajadores y medios de información sometidos a intereses gubernamentales y fácticos, las expectativas de que el pueblo de México cuente con una prensa libre, democrática y plural son cada vez más pobres. Y por tanto, si las empresas difunden su visión neoliberal, es un gran reto para los sindicatos difundir a sus agremiados y a la población en general la posición de los trabajadores sobre los problemas nacionales y la lucha por sus derechos en medios electrónicos e impresos.

El Fortalecimiento de la UNT

No se puede escatimar el valor que tuvo la convergencia de distintas vertientes del sindicalismo en el proyecto que representa la UNT. Desde su Congreso Fundacional, nuestra Central Sindical realizó una contribución de primer orden en la ruta de la revaloración y reestructuración del movimiento sindical mexicano. En el documento de la Reforma Social y Democrática del Estado en su Vertiente Laboral y Productiva, se sintetizan las principales propuestas para la transformación democrática de la nación y del mundo del trabajo, planteamientos que a más de 10 años de distancia preservan su vigencia, sin demérito de las actualizaciones necesarias derivadas de curso posterior de los acontecimientos.

La UNT, además de un referente del medio sindical, se ha convertido en un activo propulsor de la unidad de acción y de la elaboración programática en común con otras expresiones de la sociedad civil. Entre otros ejemplos de esta labor podemos mencionar a los pactos de Solidaridad y Ayuda Mutua firmados con el FSM y la Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras, el Espacio Social Tripartito, el FSICSP, el FNUAS y el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas. En el ámbito internacional contribuimos a la constitución de la CSI, la CSA y hemos mantenido nuestra militancia en organismos como el TUAC o la UNI, al tiempo que fortalecemos nuestros vínculos con organizaciones de EUA, Canadá, América Latina y Europa.

Sin embargo aunque este capital acumulado es significativo y nos ha permitido enriquecer nuestro proyecto de Reforma Social del Estado e incidir en procesos como la firma del Acuerdo Nacional para el Campo y su Adendo, el debate parlamentario acerca de Consejo Económico y Social de Estado o la contención de las iniciativas de Reforma Laboral regresiva promovidas por los últimos tres gobiernos federales, no hay duda que en la etapa actual resultan claramente insuficientes frente a la beligerante política antisindical gubernamental y ante el convulsionado ambiente político previo a la sucesión presidencial del 2012.

Por ello la primera tarea que debemos abordar es el necesario fortalecimiento de la UNT a partir del impulso de los procesos de organización sindical autónoma para garantizar el crecimiento real de nuestra central sindical y sobre todo para propiciar la construcción de nuevos sindicatos desde los centros de trabajo, en los que se ejerzan cabalmente la libertad sindical, la democracia y la autonomía.

Actualizar y revitalizar nuestro Pacto Político interno es crucial para contrarrestar las acciones divisionistas del Gobierno Federal y otras fuerzas políticas. Ello implica normalizar el funcionamiento de los órganos de dirección nacional, contando para ello con los diagnósticos y programas de trabajo correspondientes, regularizar nuestras finanzas, impulsar una política más profesional y actualizada de medios, dotar de una vida regular a las uniones estatales para arraigar a la UNT en todas las entidades federativas, actualizar nuestra ley interna a fin reflejar en ella esta nueva etapa de nuestro acuerdo político interno y reforzando el compromiso de todos los sindicatos miembros con nuestro proyecto común. Entre los contenidos de la Reforma Estatuaria, es fundamental el reafirmar el compromiso asumido por la UNT en su XI Congreso Nacional en relación con las politicas transversales de equidad. El tipo de sindicalismo que representamos nos obliga a ser consecuentes en la lucha contra todo tipo de discriminacion. Por ello debemos reconocer las desigualdades que viven cotidiadamente las trabajadoras, tanto en el ámbito laboral como en el sindical y construir dentro de nuestra central sindical espacios de trabajo y discusión encaminados a combatir los esquemas y prácticas discriminatorios que han colocado históricamente a las mujeres en una condición de subordinación y sometimiento.

A partir de este primer paso estaremos en condiciones de emprender la segunda gran tarea de nuestra joven central sindical: el impulso de una amplia política de alianzas en las que se exprese la pluralidad y diversidad de las fuerzas políticas y sociales de nuestro país.

Política de alianzas

Sin duda el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, ha sido un instrumento útil para construir la convergencia de los trabajadores del campo y la ciudad con los movimientos ciudadanos y aunque su programa no abarca en su totalidad todo nuestro proyecto, documentos como su Pacto Político o la Declaración del Zócalo, resumen la mayor parte de las propuestas de avanzada que, desde la sociedad, se han articulado para resolver la crisis política, económica y social del país a partir de la transformación democrática del régimen político y del cambio de rumbo de la política económica. Desde su fundación, el Movimiento Nacional ha combinado la elaboración de propuestas de cambio con la presión social expresada en diversas movilizaciones y con la disposición para dialogar a fin de concretar acuerdos. Lamentablemente en los últimos años se ha reiterado la ausencia de voluntad política del gobierno para establecer una relación seria con quienes enarbolamos proyectos distintos de nación, por ello los resultados de las mesas de trabajo que se han establecido en diversos momentos han sido prácticamente nulos, salvo en algunos temas aislados.

Tras varios intentos por reencauzar el proceso de diálogo por medio de ajustes, tanto en el formato como en la dinámica de las reuniones, finalmente, se produjo la ruptura con el Ejecutivo Federal cuando se agudizó la ofensiva antisindical; en la actualidad nuestra prioridad es el reinicio de pláticas con el Poder Legislativo pero es muy probable que los resultados terminen por ser los mismos si no asumimos el reto de impulsar una nueva etapa en el desarrollo del Movimiento, cuya base debe ser la edificación de una sólida estructura nacional y el despliegue de una política más amplia de alianzas para vincularnos a otros procesos organizativos, alianza amplia que no necesariamente significa la sumatoria mecánica de las demandas de todos los sectores.

El objetivo de esta nueva etapa del Movimiento debe ser la articulación de una alianza estratégica de corte, tanto clasista como ciudadano, con la mayoría de los movimientos sociales, feministas, juveniles, campesinos, indígenas, de consumidores, de derechos humanos y medioambientalistas. Así como los movimientos contra el racismo, la xenofobia, la homofobia y la violencia contra los inmigrantes. Para ir al encuentro con estas expresiones sociales es necesario actuar tanto en el ámbito nacional como en los estados y regiones, por lo que las tareas inmediatas son: la activación de los pactos estatales ya constituidos, la conformación de los que aún faltan y la identificación de aquellos sectores con los que puedan establecerse acercamientos, pactos y diversos esquemas de unidad de acción.

Los tiempos actuales son de convergencia política para la Unidad en la lucha social y en la acción política, a fin de construir un proceso para modificar las relaciones de poder y el cambio de la reglas del juego que permitan la resolución de los conflictos por la vía democrática, para lo cual se requiere de una política de alianzas concebida como indisoluble respecto del proyecto estratégico del cambio de rumbo económico y político y del nuevo país que aspiramos a construir, de la plataforma programática, la definición de la táctica y la estrategia, así como de los aliados potenciales para lograr el cambio. Por consiguiente debe estar al servicio de la movilización social, del impulso de los movimientos de lucha que enfrentan al actual sistema.

Una concepción unitaria de la pluralidad política e ideológica en torno a los ejes programáticos consensuados para relanzar al movimiento desde esta lucha social, rechazando explícitamente todo proyecto que pretenda maniatarlo a las instituciones actuales, al sistema corporativo y a los partidos políticos, que sea capaz de impulsar una ofensiva social y política contra el gobierno. El relanzamiento de la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras posibilitará el cambio político que tanto necesitamos a partir de la más amplia unidad de acción de las izquierdas políticas y sociales. Unidad de acción en las luchas concretas, en defensa de los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Unidad de las izquierdas, respeto a la autonomía política, orgánica y electoral de los movimientos sociales.

Esta evolución del Movimiento, junto con el crecimiento de los procesos de organización autónoma y libre en los centros de trabajo, nos permitirá integrar una fuerza social y política en la que se manifieste en la pluralidad de las vertientes que desde diversos espacios luchan por la equidad, la democracia participativa, el desarrollo económico con justicia social y los derechos humanos y laborales. La perspectiva del Movimiento, en estas condiciones, lo llevará a conformar la base social de un Nuevo Pacto Social para reorientar, con la participación de la sociedad, la política económica y social al tiempo que sientan las bases de un nuevo régimen político sustentado en la democracia participativa y la erradicación del corporativismo.

Se trata de impulsar un proceso unitario para construir un Frente Social Amplio, desarrollar una lucha de carácter nacional y abrir cauces a la participación ciudadana en la política, de manera que se fortalezca  a la sociedad civil en la toma de decisiones, con lo que se constituirá en sujeto político con base en tres estrategias: la movilización social, la propuesta política y la concertación democrática. El punto de partida como ya comentamos, es la articulación desde el Movimiento Nacional con diversas organizaciones sociales nacionales y locales para fortalecer nuestras acciones y campañas, propiciar el crecimiento del Movimiento además de enriquecer y precisar su perfil político.

Paralelamente desde la UNT y el Movimiento debemos profundizar otros procesos en el ámbito internacional, tales como la consolidación de la CSI, la CSA, los sindicatos globales, las coordinadoras regionales y las alianzas sindicales internacionales. Lo que deberá complementarse con una política de relaciones más estrecha con organizaciones como la CLC, la AFL-CIO, los sindicatos democráticos y autónomos de Sudamérica y el Movimiento Sindical de la Comunidad Económica Europea. En los años por venir la acción internacional cobrará mayor importancia ante la necesidad de actuar para contrarrestar el poder sin límites del capital financiero y para promover un nuevo tipo de inserción de nuestro país en los mercados mundiales globalizados.

Otras tareas serán las de dotar de un perfil más preciso al trabajo desarrollado con diversas organizaciones civiles de la sociedad con las que hemos desarrollado foros, seminarios y otras actividades asociadas con nuestros proyectos para promover la democratización del medio laboral, así como las políticas transversales de equidad y con los que debemos propiciar un trabajo más intenso y mejor dirigido para beneficio de la estrategia que defina nuestra Central Sindical en este periodo. Adicionalmente debemos profundizar el acuerdo político con el grupo plural de legisladores afines al Movimiento Amplio.

La Agenda de la UNT para la Transformación Democrática del País

Los últimos dos años del actual gobierno, pueden convertirse en la antesala de una profunda crisis política y social si se mantiene el ambiente de crispación política vinculado con la pretensión de aferrarse al poder a toda costa por parte del Titular del Ejecutivo y se profundiza la ofensiva antisindical de los últimos meses. Es por ello que la UNT debe operar con mucha firmeza para concretar el nuevo Pacto Social antes mencionado, cuyos objetivos inmediatos consistirán en promover la distensión social al tiempo que se generan las condiciones para una sucesión presidencial sin conflicto y para la transformación democrática del país.

Para ello es necesario, resolver con pleno apego a los derechos sociales involucrados los conflictos acumulados en esta etapa, particularmente, los que afectan a los mineros, los electricistas del SME y los trabajadores de Mexicana de Aviación. No es admisible que en función de los intereses creados se cancelen fuentes de trabajo y se propicie la apertura indiscriminada de sectores estratégicos como el energético o el del espacio aéreo nacional.

El segundo paquete de medidas asociadas con este pacto, deberá mandar una señal muy clara respecto del cambio de rumbo que hoy requiere la economía, de allí que, entre algunas de las medidas que apuntarían en la dirección de la reactivación del mercado interno estarían: el incremento salarial emergente, el establecimiento de programas para la recuperación sostenida de los salarios, la producción de alimentos básicos y el fomento al desarrollo agropecuario e industrial con generación de empleos formales, estables y dignos, el rescate de los fondos de pensiones, además de todas las medidas inmediatas planteadas en la Declaración del Zócalo, como el cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo y su Adendo, el establecimiento del seguro nacional del desempleo, la renegociación del TLCAN o la congelación de los precios de los productos que integran la llamada canasta básica. Reiteramos, en este punto que los estragos de la crisis del 2008 sobre la economía popular, aún no han sido resarcidos.

Finalmente, un tercer paquete deberá incluir medidas que garanticen la transparencia y equidad en los próximos comicios locales y federales, además de diversas disposiciones que prevengan la injerencia del Gobierno Federal, los gobernadores y los poderes de facto en los próximos comicios.

Este conjunto de acciones sería el inicio de un proceso de transformación democrática que deberá dirigirse a cuatro grandes áreas: la reforma de la política económica, una política de verdadera justicia social, la transformación del régimen político y la democratización de la relación gobierno-sociedad.

La Reforma Económica

Sin duda un elemento clave de la Reforma Económica, es la modificación del régimen fiscal para cumplir con los principios enunciados en nuestro proyecto de Reforma Social y del Estado. El régimen fiscal mexicano, debe tener carácter progresivo para que quienes más ganan paguen más impuesto, contener medidas que combatan la evasión y la elusión fiscales eliminando los regímenes especiales de tributación y tener proyección de largo plazo para vincularse con los programas gubernamentales orientados a la redistribución del ingreso y al fomento agropecuario e industrial.

La Reforma Fiscal progresiva se complementaría con el establecimiento de disposiciones para eliminar el subejercicio del gasto público y para transparentar el uso de los excedentes petroleros, etiquetando los recursos generados de esta manera para fortalecer los programas prioritarios en materia de educación, vivienda, generación de infraestructura, seguridad social y desarrollo industrial y agrícola.

La nueva política económica hace obligatoria la Reforma del Banco de México para que, además del combate a la inflación, sus objetivos centrales se enfoquen al crecimiento económico y a la generación de empleos. De la misma manera es imperativo recuperar el papel de la Banca de Desarrollo en la promoción y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, lo que significa impulsar el desarrollo no sólo del sector exportador, sino también de las empresas vinculadas con el mercado interno.

Se trata en síntesis, de abandonar la política de “dejar hacer y dejar pasar”, para que el Estado recupere su función como activo promotor del desarrollo sectorial y el crecimiento económico. Entre los programas de largo plazo que deben tener prioridad, estarían el programa para la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, los programas para promover la educación y la investigación científica y tecnológica, los programas de seguridad social y los programas para el rescate del campo y el fomento a las pequeñas y medianas empresas.

Un aspecto crítico de este proceso, es recuperar la soberanía alimentaria y energética de la nación. En este sentido, es vital que los programas para el rescate del campo se enfoquen a la recuperación gradual de la autosuficiencia alimentaria, teniendo como ejes la protección de los pequeños y medianos productores, la renegociación del TLCAN, además de la producción de alimentos básicos para el mercado nacional.

En el rubro energético, se requiere revisar el régimen fiscal de PEMEX para garantizar la viabilidad de esta empresa. Otras acciones importantes consisten en fomentar la producción nacional de gasolinas y otros combustibles, además de modificar la política de exportaciones a fin de contrarrestar la subordinación actual ante las necesidades geopolíticas de nuestros vecinos del Norte. En el ramo de la generación de energía eléctrica, se debe revertir el proceso de privatización encubierta, revisar cuál es el tipo de plantas generadoras que más convienen en función del tipo de geografía y necesidades del país y evaluar los alcances que puede tener este sector dentro del proceso de convergencia digital que se ha ido abriendo paso en todo el mundo. No podemos dejar de mencionar que en estos y otros sectores como el aeronáutico, hace falta contar con proyectos estratégicos que guíen las acciones del gobierno siempre en función de las necesidades derivadas de una nueva inserción de nuestra economía en los mercados mundiales globalizados.

La Nueva Política Social

El Estado debe recuperar su responsabilidad social, por lo que las políticas de carácter asistencialista, deberán ser sustituidas por proyectos de largo alcance que se reflejen en ámbitos tan sensibles como el de la educación, la seguridad social y la sociedad del conocimiento.

En materia educativa es fundamental contar con un proyecto que incremente progresivamente los fondos destinados a la educación pública y a la generación de ciencia y tecnología, hasta alcanzar el 8 y el 1% del PIB, respectivamente. Paralelamente se deberán establecer programas que recobren el carácter integral de la formación académica, que promuevan la identidad nacional en el marco del reconocimiento de la diversidad y que fortalezcan el carácter laico del proceso educativo, así como el desarrollo científico y tecnológico. Esta es la única manera, junto a las políticas de rescate del campo, en que será posible contrarrestar la marginación social de los jóvenes que es por cierto, uno de los factores que sirven como caldo de cultivo a fenómenos como el narcotráfico.

En el campo de la salud y la seguridad social hace falta detener el desmantelamiento que han sufrido los institutos de este sector, creando un sistema integrado de salud y seguridad social de cobertura universal en el que se recobre el manejo solidario de los fondos destinados a las pensiones jubilatorias y a la maternidad, entre otros rubros. No está de más hacer notar que la viabilidad de este sistema depende en buena medida de la correcta administración de los recursos (la seguridad social no puede funcionar como caja chica del gobierno o como fuente inagotable de oportunidades de negocio para los aliados y amigos del régimen en turno), así como de la creación de empleos formales, lo  que estaría ligado a su vez con la reactivación del mercado interno.

En relación con la sociedad del conocimiento, debemos comentar que en los últimos años, se ha producido una importante confluencia de actividades antaño disociadas. La revolución digital ha permitido que unidades de negocio como la televisión, la telefonía, el Internet, la prensa escrita y la radio converjan, lo que da una idea de la dimensión y trascendencia social que pueden tener las decisiones que se tomen acerca del sistema de telecomunicaciones con que contará el país. Hay que decirlo con claridad, éste es un ámbito en el que se pueden fortalecer los poderes de facto a través de una mayor concentración de poder e influencia y en el que, por otra parte, es factible acentuar o contrarrestar la marginación que afecta a franjas importantes de la población. Todo depende del modelo de competencia y desarrollo que se elija. Hasta el momento, las políticas de los dos últimos gobiernos, se han orientado a incrementar el poder de los grandes consorcios televisivos y del capital multinacional a través de un modelo depredador de competencia que restringe la oferta de los nuevos servicios a un sector muy reducido de la población caracterizado por sus altos ingresos. Muestra de ello es el lamentable espectáculo protagonizado recientemente por el Secretario de Comunicaciones y Transportes cuando, violando una resolución judicial, hizo entrega de la concesión para explotar una porción substancial del espacio radioeléctrico al mayor consorcio televisivo, prácticamente a precio de ganga.

Nuestra central sindical debe pugnar por un proyecto nacional de telecomunicaciones y medios que garantice el acceso de todos los ciudadanos a los nuevos servicios asociados con la convergencia digital, que diversifique y democratice la oferta de contenidos de los medios de comunicación masiva, que acote el peso e influencia del duopolio televisivo, que establezca responsabilidades sociales muy precisas para todas las empresas del sector y que se vincule con las necesidades y proyectos que nuestro país requiere en materia de educación y de generación de tecnología.

La Transformación del Régimen Político

Para transformar el actual régimen político caracterizado por el presidencialismo autoritario y la subordinación del Poder Judicial, es muy importante tener en cuenta, tanto los objetivos generales del proceso, como la secuencia de reformas a instrumentar. De allí que no sea ocioso reiterar que nuestro objetivo es arribar a un régimen de democracia participativa en donde se haga realidad la división y autonomía de los distintos poderes y órdenes de gobierno.

En este contexto resulta indispensable una reforma de fondo del Poder Legislativo y del Poder Judicial para contrarrestar la corrupción y el tráfico de influencias. Otros propósitos centrales serían el reforzamiento del Poder Legislativo y la creación de mecanismos que incentiven el acuerdo social, adicionalmente se debe buscar que en la composición del Congreso se reconozca, antes que encubrirse artificialmente, la diversidad política de nuestro país. En esta ruta es útil la instauración de la figura del Primer Ministro porque lleva implícita la consolidación de acuerdos parlamentarios que sustenten la gobernabilidad democrática y porque reduce los márgenes de discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

De la misma manera, el sistema mixto que combina la representación uninominal y plurinominal, debe mantenerse para permitir la presencia de todas la fuerzas representativas en el Congreso, pero revisándolo, para evitar que en el futuro se presenten fenómenos de sobre o subrepresentación de los partidos políticos, esquema que es el producto, por cierto, de etapas ya superadas del desarrollo político del país, pero que ya no cabe en un momento en que lo esencial es contar con una representación que refleje con la mayor fidelidad posible el verdadero peso de las diferentes fuerzas políticas.

Dentro de las primeras etapas de la transformación política del régimen, deben estar incluidos preceptos que favorezcan la supervisión social de la actividad parlamentaria y la participación de los ciudadanos en la promoción de diversas leyes e iniciativas, tal es el caso de mecanismos como la iniciativa popular, el referéndum y la revocación de mandato. Dentro de esta lógica, también es necesario legislar para reglamentar la acción de las agencias de cabildeo y para evitar los conflictos de intereses que se han presentado de manera recurrente cuando ciertos legisladores han aprovechado su papel en el Congreso para litigar a favor de sus clientes y en perjuicio del erario público o simplemente para promover negocios que benefician a sus empresas. Esto último debe preceder obligatoriamente a otro tipo de reformas como la reelección consecutiva de los legisladores, si deseamos evitar que el Congreso se convierta en rehén de los grupos de interés o los poderes de facto.

Estas son tan sólo algunas de las reformas necesarias para la transformación del actual régimen, el propósito de este documento no es hacer una revisión exhaustiva de todas las iniciativas que implica la Reforma Social y Democrática del Estado, sino sólo destacar algunas de las más significativas, por lo que para finalizar este capítulo sólo mencionaremos como otros elementos relevantes los siguientes: la Reforma Política para dotar de plenos derechos a los ciudadanos del Distrito Federal, el establecimiento de las candidaturas ciudadanas, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, la conformación de un Consejo de Política Exterior, la integración de una entidad encargada de resolver las controversias entre los tres poderes del Estado, entre otras reformas.

La democratización de la Relación Gobierno Sociedad y el desmantelamiento del régimen corporativo de Estado.

Hemos insistido en todos los foros que la democratización del país no estará completa si no se erradica la vinculación clientelar y corporativa del gobierno con las organizaciones sociales; lamentablemente esta es una de las zonas en las que más claramente se advierte el estancamiento de la transición democrática. Dos momentos claves ilustran, en este ámbito, la decisión de los gobiernos surgidos de la alternancia de gobernar apoyándose en el corporativismo sindical: la presencia de V. Fox en el evento que sirvió para que Rodríguez Alcaine se convirtiera en líder de la CTM y el simulacro de acuerdo que enmarcó la presentación del paquete de medidas anti crisis del Ejecutivo Federal en 2008. Ambos eventos demuestran que la continuidad del modelo sindical subordinado y corporativo es una decisión consciente y deliberada de las dos últimas administraciones con la intención de propiciar la transformación silenciosa de los sistemas de trabajo en un ambiente de paz laboral aparente sustentado en el sistema de acuerdos cupulares que marcaron la tónica en la época los gobiernos priístas.

Una rápida revisión de lo que ocurre en sectores como el de la maquila o en aquellas empresas en las que se aplicó la política de privatizaciones y de apertura a la competencia servirá para acreditar la proliferación de los contratos de protección patronal y junto con ellos la implementación de diversos esquemas de flexibilización laboral como las jornadas reducidas, la tercerización, la subcontratación, el pago por horas, el banco de horas, etc.  Dentro de este panorama la reciente ofensiva en contra de los sindicatos independientes puede verse como parte de una estrategia para minar y devastar los reductos de resistencia ante el avance de estas tendencias que, eventualmente, se podrían consolidar si  prevalece el proyecto gubernamental de reforma laboral o si se mantienen las condiciones que favorecen actualmente a los contratos de protección.

Desde luego las movilizaciones indispensables para contener cualquier modificación regresiva del orden laboral mexicano y una política mucho más sistemática y dirigida de organización y sindicalización son dos herramientas cruciales para detener  esta  política laboral de precarización y flexibilización salvaje de la mano de obra, pero también es necesario impulsar proyectos para democratizar el mundo del trabajo y construir instancias que permitan la participación social en el diseño e instrumentación de las principales políticas públicas. Es en esta perspectiva que cobran importancia nuestro proyecto de reforma laboral y productiva, así como la creación de instrumentos como el Consejo Económico y Social de Estado.

En relación con la democratización del mundo del trabajo está claro que se requiere en los centros de trabajo, más que nunca antes, de actores sociales fuertes, dotados de autonomía y capacidades de negociación equilibradas; la mayor parte de los trabajadores(as) del país no tiene organizaciones auténticas que representen sus intereses a la hora de tomar decisiones fundamentales en diversos ámbitos: desde la empresa hasta el sector, la región o a nivel nacional. Sin embargo, la búsqueda de soluciones equitativas a los complejos problemas de la competencia y a la necesidad de adaptar las empresas a las exigencias de los mercados abiertos no podrá tener éxito sin esa representación, como lo prueba la experiencia de países altamente competitivos que supieron combinar la flexibilidad laboral con la bilateralidad y la protección social. Aunque es cierto que los caminos institucionales pueden ser muy variados, hay suficientes evidencias acerca de la importancia de la cooperación y la inclusión social como principales ingredientes del éxito económico en países con regímenes democráticos. Con esa visión, la UNT ha planteado reformas a la normatividad laboral  vigente así como la modernización de las instituciones vinculadas con la objetivación de la normatividad laboral. En lo fundamental las reformas descansan en cinco ejes:

  • Modernización del modelo laboral para la inserción exitosa del país en la globalización productiva.
  • Perfeccionamiento de las instituciones del derecho laboral para garantizar seguridad jurídica a trabajadores y empresarios
  • Fortalecimiento de la libertad, democracia y autonomía sindical, el desmantelamiento del sistema corporativo sindical de estado y ataque a fondo a la corrupción en el mundo del trabajo
  • Flexibilización concertada en la contratación colectiva con sindicatos legítimos y
  • Capacitación para la productividad con beneficios compartidos.

 

Finalmente y a manera de síntesis: los trabajadores enfrentamos hoy  la grave amenaza de que se prolongue la actual recesión, con lo que se profundizarían fenómenos como el desempleo y la precarización de las relaciones laborales. La tozudez de los últimos gobiernos que han decidido continuar aplicando las mismas políticas recesivas, de contracción del gasto público y de contención de los salarios apoyándose en el vetusto aparato de control corporativo nos han conducido a una parálisis de la economía y a un déficit de la vida democrática.

Es por esto que nuestro Congreso debe impulsar un debate estratégico cuyos lineamientos políticos centrales serán el fortalecimiento de la UNT y la articulación de una fuerza social y política capaz de pasar de la mera resistencia ante las políticas anti obreras de los últimos gobiernos a una posición de ofensiva para impulsar nuestros principales proyectos. El punto de partida de dicho debate deberá ser un examen profundo y  fundamentado de  causas de la actual crisis global del capitalismo en sus diferentes dimensiones, en especial la actual relación capital-trabajo. Ello nos permitirá establecer los consensos necesarios para definir una estrategia orientada a superar  la actual condición defensiva en la cual está inmerso el movimiento sindical y social, de manera que, junto a nuestros aliados, estemos en condiciones de pasar a la ofensiva y entrar de lleno a la disputa por la nación.

Nuestros ejes estratégicos deberán contemplar una gran Reforma Social del Estado; que tenga un carácter integral desde la óptica de lo que debe ser la verdadera democracia participativa y que repercuta en todas las dimensiones de la vida del país.

Es indispensable, dentro de esta lógica, democratizar la gestión y el control de la economía; la sociedad debe participar activamente en la toma de decisiones que van desde la planificación de las actividades propias de un centro de trabajo hasta formulación de las principales políticas macroeconómicas con lo que se abriría paso a la real democratización del Plan Nacional de Desarrollo. Naturalmente se requieren estructuras adecuadas (como los consejos económicos) para encausar este proceso de construcción de acuerdos y de toma de decisiones, otro requisito ineludible es la existencia de organizaciones sociales autenticas y representativas.

Con esta base será factible desarrollar una política de redistribución de la riqueza y los ingresos a fin de procurar una relación más equitativa entre los factores de la producción y una articulación más profunda de las distintas ramas de la producción en los ámbitos federal, regional y local. Se trata en consecuencia de romper con la subordinación de la economía ante el capital financiero, recuperando la preponderancia de la política sobre los mercados y democratizando el poder dentro de la llamada economía real.

La sustentabilidad ecológica en la industria, en toda la producción y en el consumo además de una relación más armónica con la naturaleza, son claves para modificar el actual modelo de producción y crecimiento e impulsar una política de reconversión industrial, ecológica y social controlada políticamente para desarrollar una mejor calidad de vida y bienestar social.

Otro planteamiento central es impulsar una estrategia para contrarrestar la precarización del trabajo, la flexibilización autoritaria de relaciones laborales y la destrucción de la economía social.  El Estado debe recuperar sus responsabilidades sociales con una política seguridad social orientada hacia la demanda de servicios públicos garantizados, promoviendo la protección de los desempleados y estableciendo programas para  su reinserción laboral por medio de la  capacitación y formación profesional laboral.

Estos objetivos serán factibles a partir de la unidad y la cohesión sindicales, de nuestra capacidad para  organizar a otros sectores laborales y a los desempleados, así como de nuevas formas de negociación que se combinen con la organización y la lucha social, porque la democracia real solo es posible a partir de una nueva mayoría en la sociedad y en la política, que contemple una política de alianzas de la izquierda social y política para superar la dispersión y enfrentar a la actual derecha unificada en torno al actual modelo neoliberal.

Compañeros Congresistas:

Hoy más que nunca la disyuntiva es clara: o mantenemos el actual estado de cosas con el mediocre desempeño de la economía, la precarización de la mano de obra y la subordinación creciente a los centros internacionales de poder o nos comprometemos todos en la magna obra de transformación política, económica y social que nuestro país demanda. Por ello les proponemos:

  1. Concluir el proceso de fortalecimiento interno de la UNT aprobando el proyecto que presentará la Comisión Especial creada para cumplir este propósito.
  2. Impulsar una nueva etapa en el desarrollo del Movimiento amplio, sustentada en una amplia  política de alianzas encaminadas a construir una fuerza social capaz de promover el nuevo pacto social para la democratización del régimen político, económico y social del país.
  3. Mandatar a la Comisión Nacional Ejecutiva para estructurar un plan de acción que incluya las movilizaciones necesarias para incidir en la definición del presupuesto del Gobierno Federal, contrarrestar los intentos para imponer una Reforma Laboral contraria al interés de los trabajadores, apoyar las revisiones contractuales y salariales de los sindicatos miembros de la UNT, avanzar en la consecución de nuestros principales proyectos, exigir el respeto irrestricto a la vida interna de los sindicatos democráticos y a la negociación bilateral y finalmente, demandar la resolución de los conflictos que involucran a los mineros, los electricistas del SME y los trabajadores de Mexicana de Aviación y de la Banca de Desarrollo.
  4. Demandar la intervención gubernamental para reactivar el funcionamiento de la compañía  Mexicana de Aviación.
  5. Impulsar desde la UNT la aplicación transversal de la perspectiva de género para garantizar la igualdad de oportunidades, el trabajo y salario digno, ambientes laborales libres de violencia, compartir las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, acceso a la seguridad social y a la salud, establecer acciones afirmativas, eliminar la discriminación, propiciar la participación sindical y liderazgos femeninos, aplicación del marco normativo internacional, entre otros.

 

Fraternalmente,

“POR LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS TRABAJADORES”

México, D. F., 20 de octubre de 2010

Comisión Nacional Ejecutiva